En 2018 y lo que va de 2019 los Equipos Móviles de Protección Integral (EMPI) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) identificaron a 6.541 niños, niñas y adolescentes que se encontraban en situación de trabajo infantil y movilizaron la oferta pública del Estado, a través de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, para restablecer sus derechos.
 
Así lo dio a conocer la directora general del ICBF, Juliana Pungiluppi, en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, en el que destacó que semanalmente los equipos EMPI del ICBF adelantan un promedio de 22 jornadas de búsqueda activa en plazas de mercado, terminales de transporte, zonas comerciales, semáforos y otros puntos donde se identifica una alta presencia de trabajo infantil.
 
Actualmente, el Instituto dispone de 44 equipos EMPI en todo el país, integrados por 132 profesionales (psicólogos, trabajadores sociales, antropólogos, sociólogos y pedagogos), quienes desarrollan jornadas contra el trabajo infantil de manera articulada con el Ministerio de Trabajo, la Policía de Infancia y Adolescencia y las alcaldías municipales.
 
Para superar las vulneraciones relacionadas con el trabajo infantil, la directora general del ICBF destacó que, a través de las modalidades de internado medio tiempo o tiempo completo del Instituto, los menores de edad reciben acompañamiento pedagógico para la consolidación de sus proyectos de vida y, de la misma forma, intervención de apoyo psicosocial a sus familias para fortalecer las capacidades de crianza.
 
“Destacamos la disminución de la tasa de trabajo infantil de 7,3% en 2017 a 5,9% a finales de 2018, según las cifras del DANE. Sin embargo, significa que tenemos 1.119.000 niños trabajadores que no están desarrollando actividades propias de su edad y vitales para su desarrollo”, dijo la directora general.
 
Para Juliana Pungiluppi, los colombianos deben comprometerse a combatir el trabajo infantil porque es la puerta de entrada a otras vulneraciones como: explotación sexual comercial, utilización por grupos delictivos, consumo de sustancias psicoactivas, trabajo forzado y mendicidad ajena.
 
Las regiones del país donde los equipos EMPI identificaron más niños, niñas y adolescentes trabajadores fueron Bogotá (1.633), Norte Santander (471), Atlántico (373), Sucre (278) y Antioquia (250). Le siguen Nariño (241), Valle del Cauca (241), Cesar (235), Huila (233), Boyacá (208), Córdoba (189), La Guajira (184), Magdalena (174), Caldas (170), Tolima (169), Cundinamarca (167), Arauca (161), Bolívar (142), Chocó (136), Santander (128) Risaralda (121), Putumayo (116) Caquetá (106) Quindío (98) Casanare (90) Meta (90), Cauca (79), Amazonas (18), San Andrés (15), Guainía (11), Vichada (9) y Guaviare (5).
 
De los 6.541 casos de trabajo infantil atendidos por los equipos EMPI en el último año, el ICBF abrió 2.072 Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD), de los cuales el 79% se concentra en cuatro departamentos (Córdoba con 994, Bolívar con 264, Cesar con 236 y Atlántico 147).
 
En el marco de la Política Nacional de Infancia y Adolescencia 2018-2030 y las Líneas de Política de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección Integral al Adolescente Trabajador, el Gobierno Nacional desarrollará estrategias que permitan reducir las causas que generan el trabajo infantil.
 
“Sin embargo, esta no es una tarea exclusiva del Gobierno Nacional, sino que convoca a todos los sectores de la sociedad. El trabajo no es cosas de niños, por eso hago un llamado a las familias, a los empresarios y a la ciudadanía en general para garantizarles a nuestros niños, niñas y adolescentes entornos adecuados para su desarrollo físico, emocional e intelectual”, puntualizó la directora del ICBF.
 
Atención a menores de edad venezolanos
 
La directora general del ICBF aseguró que en los primeros cuatro meses del año ya se han identificado 118 niños, niñas y adolescentes venezolanos en situación de trabajo infantil, quienes ingresaron a los programas del ICBF. “Según la legislación colombiana, el Estado debe garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el territorio nacional sin importar su origen. La protección de la niñez y adolescencia es una prioridad para este Gobierno”, destacó.
 
Finalmente, resaltó que el Instituto trabaja con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en un proyecto para la caracterización de la población migrante que permita verificar, entre otros aspectos, las vulneraciones a los derechos de los menores de edad. El proyecto piloto se adelantará en Villa del Rosario (Norte de Santander), Valledupar (Cesar), Ipiales (Nariño) y Bogotá.

*Con información del ICBF